Ventajas y desventajas de la privatización de centros penales

Imagen 1. Benalcázar (2019)

¿Es la privatización carcelaria una buena opción?

En el post anterior, hablamos sobre la privatización de las prisiones y la realidad de varios países. En esta ocasión, nos vamos a referir con más detalles a las ventajas y desventajas que esto representa.


Hay varios motivos para recurrir a la privatización, el primordial es el ahorro y el enfrentamiento a la crisis penitenciaria cuando hay sobrepoblación. El ahorro es posible desde el ámbito privado por muchos factores, como la flexibilidad del sector privado en cuanto a horarios y formas de trabajo, el cumplimiento de tareas con mayor rapidez y eficacia en comparación al sector público, procesos de decisión más sencillos, así como adaptabilidad a los cambios.

A pesar de estos elementos positivos de la privatización, hay varias dificultades en otras áreas. En primer lugar, hay una diferencia filosófica y moral al privatizar una cuestión como esta, y legal al brindar este tipo de poder sobre los derechos humanos a una institución privada. De este punto de vista, el ahorro presupuestario no justifica que haya una nueva orientación en la que se privatice el poder sobre los derechos humanos de un sector de la población. Además, las cárceles no cumplen con la adecuación a la economía clásica, puesto que no son un servicio en el que se pueden aplicar los métodos regulares de gestión, y es uno que espera que disminuya las encarcelaciones en vez de lo contrario.

Como vemos, es difícil que el ámbito penitenciario pueda aplicarse a principios de economía en un mercado capitalista, y presenta muchas dificultades legales también. Sin embargo, ¿podría realmente significar una solución ante la enorme crisis penitenciaria que enfrenta Costa Rica y toda Latinoamérica? Varios profesionales consideran que sí.

La abogada Marina Sala, de Argentina, considera que se deben buscar estas alternativas privadas, aunque sea de forma parcial, puesto que el Estado no está brindando las condiciones adecuadas y es mejor que busque otras formas de garantizar el servicio y los accesos de las personas privadas de libertad. Esto no significa que el Estado no se involucre, pero más que haya ciertas prestaciones de servicio, como el espacio, el transporte, entre otros, que pueden ser prestados por entidades privadas. Bajo esta perspectiva, Sala alude muy claramente a que es inaceptable que el Estado se aferre a continuar con un sistema como el actual por motivos ideológicos, por no querer optar por soluciones diferentes, sabiendo las dificultades a las que se enfrenta en esta área.

En el ejemplo de Estados Unidos, su experiencia larga brinda bastantes datos. Los estudios comprueban que Wackehut y la CCA (las dos principales instituciones que brindan el servicio en el país), dan un ahorro de hasta el 15%, y mantienen la calidad en la provisión de servicios. Por otro lado, no hay estudios comparativos sobre la reincidencia en prisiones privadas en comparación a prisiones públicas, pero sabemos que hay un conflicto de interés, puesto que reducir el número de reincidentes no sería parte de los intereses de una institución privada que está generando lucro con ellos.

Además, es necesario que este tipo de acciones siempre tengan constante monitoreo por parte del Estado, lo cual al final involucra más inversión y recursos también. Más que una cuestión de costos, las cárceles son uno de las cumbres del ejercicio de poder del Estado. Esto no significa, sin embargo, que la privatización es el camino. Es el Estado el que debe garantizar el acceso a derechos, y recurrir a ciertos servicios privados es un camino que tiene sentido para agilizar, pero privatizar las prisiones es un riesgo aún mayor que el actual de abuso y violación de derechos.

Juan Morales, abogado colombiano, realiza un análisis sobre la situación de las cárceles privadas en Estados Unidos, y concluye que las evaluaciones de rentabilidad que se realizaron en  éstas comprobaron que no son más rentables que la que maneja el Gobierno, y la diferencia de costos tampoco parece ser tan significativa. Incluso, uno de los estudios comprobó en una comparación de una cárcel privada con otra estatal de la misma región, que la diferencia era solamente de diez centavos, y además diez centavos a favor de la estatal. En los estudios en los que sí se comprobó ahorro, este era cerca del 1%.

A pesar de que Morales considera que estos datos no son suficientes para descalificar que la privatización puede ser una buena opción, y más bien los combate, considero que son datos relevantes que comprueban que la solución a nivel financiero no se trata de si es un ente privado o público el que maneja la institución, sino de la calidad del mismo.

Igualmente, me parece que es inaceptable que por cuestiones financieras se ponga en manos privadas los derechos humanos de las personas privadas de libertad, puesto que los riesgos que estos significan a la humanidad de éstos no pueden ser sacrificados por la ineficacia del sistema estatal. Si el Gobierno está teniendo, como ya sabemos, problemas de hacinamiento, de aumento desmedido de reos, de incapacidades materiales y de personal para satisfacer hasta las necesidades más básicas, y muchísimos más problemas sumados en el tema penitenciario, delegar esta problemática a otra institución no es la solución. Esto sería un paso atrás en la democracia que tratamos de construir y en la defensa de los derechos.

Además, cabe destacar, como ya hemos mencionado, que los problemas criminológicos y el aumento de la delincuencia no se soluciona con la construcción de cárceles y el aumento de inversión en medidas represivas. Las políticas criminales de un país deben ser integrales, y adecuarse a las verdaderas necesidades que se encuentran debajo de la crisis penitenciaria: inequidad, desigualdad, falta de acceso a oportunidades de educación y trabajo, discriminación, crisis económica y política. Esto, sumado al populismo punitivo y al terrible manejo de información por parte de los medios de comunicación, construye una sociedad punitiva y vengativa, incapaz de buscar verdaderas soluciones a la criminalidad.


Una noticia interesante que involucra el tema se ve en el siguiente video de Euronews:






En esta noticia, se hace referencia a que el Festival de Cine y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de Ginebra se tuvo que cancelar con los acontecimientos recientes del coronavirus, por lo que decidieron mostrar las películas igualmente. Entre ellas, hay un documental sobre la privatización de las prisiones en Sudáfrica y en todo el mundo, y se hace referencia a las torturas y abusos que se practicaban hacia los prisioneros. Así, la privatización convierte a la cárcel en un negocio como cualquier otro, sin noción de servicio público y de respeto por los derechos humanos.

Por ello, la búsqueda de la privatización de centros penitenciarios es una medida desesperada, e ineficaz, de parte del Estado al no querer enfrentar la realidad del fracaso del sistema penitenciario como es el día de hoy. No hay que privatizar, hay que reformar.



Referencias Bibliográficas

Benalcázar, P. (2019) Privatizaciones y derechos humanos [Imagen]. Medium . Recuperado de https://medium.com/retazos-de-dignidad/privatizaciones-y-derechos-humanos-68d92f63bf75

Ponsard, F. (2020) El coronavirus obliga a una versión 2.0 del FIFDH de Ginerba. Euronew. Recuperado de https://es.euronews.com/2020/03/10/el-coronavirus-obliga-a-una-version-2-0-del-fifdh-de-ginebra

Ruiz-Jarabo, Dámaso (1989) Prisiones privadas. Ediciones AKAL S.A. Recuperado de https://aprende.uned.ac.cr/mod/resource/view.php?id=538151

Sala, M. (s.f.) Establecimientos carcelarios privados: Una alternativa a la crisis actual. Universidad abierta Interamericana, Argentina. Recuperado de https://aprende.uned.ac.cr/pluginfile.php/837693/mod_folder/content/0/Establecimientos%20carcelarios%20privados.pdf?forcedownload=1