Imagen 1. Ilustración de Patricio Betteo. (2018)
Hemos hecho un recorrido internacional por la privatización de centros penitenciarios, y evaluado las ventajas y desventajas de forma amplia de buscar una privatización. Ahora, vamos a referirnos al caso de Costa Rica.
En nuestro país la inclusión de lo privado en temas penales se ha dado poco a poco, iniciando en la década de los 80. Nos podemos referir primero a los mecanismos de vigilancia electrónica que se utilizaron para delincuentes toxicómanas, y a la vigilancia local que se da en vecindades con empresas privadas de seguridad. Estas son maneras distintas de privatizar en ámbitos de administración de justicia, aunque no significa privatización directa de centros penitenciarios.
Nuestro sistema penal se ha enfrentado a muchas dificultades en las últimas décadas, con el crecimiento del hacinamiento, la mala estructura de los centros penitenciarios, la falta de personal y de recursos, entre tantos otros. La crisis ha ido creciendo, los reos aumentando, las penas se duplicaron hace unas décadas y se tomaron muchas medidas represivas para "luchar contra la criminalidad", saturando por completo las cárceles de nuestro país. Esta situación trae entonces a la discusión si privatizar podría ser una opción.
Para tratar de resolver este problema de sobrepoblación, en el 2002 se realizó una concesión de obra pública para una compañía Norteamericana construyera, y además operara, una cárcel en Pococí. Con esto se esperaba ubicar en esta cárcel a gente de mediana y alta peligrosidad, y la empresa recibiría un pago diario por reo. El costo era de 72 millones de dólares, y toda la vigilancia interna era responsabilidad de la compañía norteamericana, mientras a nuestro país le correspondía la seguridad externa.
Para tratar de resolver este problema de sobrepoblación, en el 2002 se realizó una concesión de obra pública para una compañía Norteamericana construyera, y además operara, una cárcel en Pococí. Con esto se esperaba ubicar en esta cárcel a gente de mediana y alta peligrosidad, y la empresa recibiría un pago diario por reo. El costo era de 72 millones de dólares, y toda la vigilancia interna era responsabilidad de la compañía norteamericana, mientras a nuestro país le correspondía la seguridad externa.
Esta decisión no se concretó al final, pero si se hubiera hecho, hubiera sido primera y única en América Latina. Buscaba, en teoría, mejorar las condiciones de vida de los reos y además mejorar la seguridad, así como reducir costos y disminuir el hacinamiento. Sin embargo, resulta muy complicado pensar que en una legislación como la nuestra en materia penal, una compañía privada pueda resolver los temas interdisciplinarios que conlleva tener personas privadas de libertad: los trabajadores sociales y de salud, los psicólogos, que realizan evaluaciones sobre el reo, para conceder beneficios por ejemplo.
Otro de los aspectos más peligrosos de este proyecto, fue que esta compañía podía utilizar a los reclusos como mano de obra, con la idea de que darles "trabajo" era una forma de resocializarlos. Sin embargo, en Costa Rica una cosa así sería inaceptable e inconstitucional, pasando por trabajo forzado dependiendo de cómo se realice, pues hay muchos riesgos de abuso de autoridad y corrupción. Al final, una empresa privada lo que busca es el lucro, y es realmente complicado poner en manos de una institución con fines de lucro un centro penitenciario. Las personas privadas de libertad no son un medio que se puede utilizar para lucrar.
Finalmente, un punto importante es la corrupción. La privatización de las cárceles también implica que esta(s) compañía(s) jugarían un papel importante en temas de política criminal nacional, como explican Núñez y Rojas (2006), y al ser un ente comercial con fines de lucro, necesitarían más bien el crecimiento de los centros penales. La rehabilitación y la disminución de reos, en definitiva, no estaría entre sus objetivos. Hoy día, sabemos que han habido casos de corrupción varios en las cárceles de nuestro país, drogas, filtración de información, de teléfonos celulares, y ayuda por parte de la policía penitenciaria en ello.
Es por esto que la privatización puede traer varias complicaciones, y en la situación de Costa Rica, dentro de nuestro marco legal, no es una opción viable. Tal y como expresan Núñez y Rojas (2006) "La situación es mucho más compleja que dejar el problema en manos privadas; el Estado pretende delegar su ius piniendi a terceros, también su competencia, su potestad de castigo y hace de la pena un negocio. Debe considerarse que el elemento perverso de dicha situación es el fin de lucro que lleva inmerso, pues las cárceles no deben perseguir dicho fin (...)".
Es por esto que la privatización puede traer varias complicaciones, y en la situación de Costa Rica, dentro de nuestro marco legal, no es una opción viable. Tal y como expresan Núñez y Rojas (2006) "La situación es mucho más compleja que dejar el problema en manos privadas; el Estado pretende delegar su ius piniendi a terceros, también su competencia, su potestad de castigo y hace de la pena un negocio. Debe considerarse que el elemento perverso de dicha situación es el fin de lucro que lleva inmerso, pues las cárceles no deben perseguir dicho fin (...)".
Referencias Bibliográficas
Núñez, E. & Rojas, F. (2006) La privatización de las cárceles: El caso de Costa Rica. Universidad Estatal a Distancia. Recuperado de https://aprende.uned.ac.cr/mod/resource/view.php?id=509439
Toral, M. (2018) El sistema penitenciario federal: un agujero presupuestal en el centro del Estado [Imagen]. Recuperado de https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=220
Buen día compañera.
ResponderBorrarSe logra observar que el Sistema Penitenciario Nacional, es una institución, que esta desactualizada en comparación a las demás Instituciones del Estado, su infraestructura es antigua, mal organizada, la mayoría de los módulos donde habitan personas privadas de libertad se encuentran en mal estado por su uso diario. En la mayoría de los centros penales hay hacinamiento, situación que es conocida por los jerarcas, mismos que hasta el momento no han encontrado soluciones efectivas a estas problemáticas; todas estas condiciones se pueden evidenciar en CAPEMCOL, lugar que debe de tener mejoras en sus condiciones actuales, debido a que estas no son adecuadas para brindar la atención de la población recluida.
En eventos críticos de fugas, que se han presentado en los centros penales del país, posterior a las investigaciones, se ha indicado por parte de los jerarcas, que los agentes policiales son responsables de estos actos, alegando malos manejos de la situación y asegurando que facilitaron la huida de los privados de libertad. Como por ejemplo, la fuga del 09 de octubre del 2006, donde la Exministra y Expresidenta Laura Chinchilla culpo a agentes policiales de lo sucedido, pero según la investigación por parte de la ANEP, existían informes solicitando colaboración a los jerarcas para mejorar las condiciones existentes, solicitudes que no fueron abordadas positivamente.
El día que se presentó el evento crítico se entrelazaron una serie de elementos negativos que crearon facilidades para que un evento de tal magnitud se presentara, esta situación se presentía, ya que están anotadas varias anomalías y deficiencias en las actas de “Consejo de Seguridad de La Reforma aparecen advertencias clarísimas del deterioro de las condiciones de seguridad del penal; severas carencias de todo tipo y algunas tan “ridículas” como que había una orden administrativa de no reponer candados porque los anteriores se “habían perdido”. (ANEP; 2007), deficiencias corregibles que facilitaron el escape de los privados de libertad, que provocaron innecesariamente la muerte de un agente policial.
La investigación realizada por parte de la ANEP deja al descubierto las omisiones y negligencias por parte de las autoridades penitenciarias, mismas que hicieron caso omiso a las solicitudes de jefaturas de seguridad que solicitaban implementos para mejorar la seguridad dentro y fuera del Centro Penal.
En el procesos Administrativo fueron despedidos varios Agentes Policiales que estaban a cargo del Centro Penal en el momento que se presentó la emergencia, pero extrañamente no se dieron despidos de autoridades políticas y administrativas que laboraban dentro y fuera de La Reforma, Autoridades que pasaron por alto las advertencias ya documentas con anterioridad.
Bibliografía:
ANEP. (2007). Policías Penitenciarios sancionados por la fuga de La Reforma: Chivos expiatorios producto de un proceso plagado de irregularidades. Recuperado de: https://anep.cr/policias-penitenciarios-sancionados-por-la-fuga-de-la-reforma-chivos-expiatorios-producto-de-un-proceso-plagado-de-irregularidades/
Saludos, Luis Arturo Elizondo.